EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL LIBERA AL CRIMINAL DE GUERRA ALBANOKOSOVAR RAMUSH HARADINAJ

Ramush Haradinaj, Lahi Brahimaj e Idriz Balaj, todos ellos miembros de el grupo terrorista vinculado a Al Qaeda U.C.K, han sido liberados por el Tribunal Penal Internacional de La Haya de sus cargos de secuestro y asesinato de serbios, bosnios, montenegrinos y albanokosovares de religión católica. Dicho tribunal, presidido por el sudafricano Bakone Justice Maloto, reconoce que dichos crímenes existieron y que ocurrieron en el cuartel general de dicho grupo terrorista en Jablanika(cerca de Decani), pero dice carecer de pruebas inculpatorias suficientes para condenar a estos criminales de guerra.


Hace unos días también fueron liberados por este tribunal penal internacional los militares croatas Ante Gotovina y Mladen Markac de sus cargos de limpieza étnica en la Krajina, en la denominada por Croacia "Operación Tormenta". Al parecer, para dicho tribunal, tampoco había suficientes indicios que justificaran una condena. Un hecho que se suma a la liberación del militar bosnio-musulmán Naser Oric, que fue puesto en libertad por falta de pruebas ante la limpieza étnica de cristianos serbios en Bosnia, lo que no impide que tenga prohibida la entrada en Estados Unidos por su extremismo.

Mientras ocurre todo esto, los militares serbios Radovan Karadzic y Ratko Mladic, para los que no existen en la actualidad pruebas concluyentes en contra suya, permanecen presos por dicho tribunal. Esta justicia internacional tan parcialista, y que sorprendentemente no reconoce el gobierno de Estados Unidos(pese a lo cual el tribunal para la antigua Yugoslavia es presidido por un norteamericano), ha encontrado la queja formal del gobierno de Rusia, que ha pedido la disolución inmediata de Tribunal Penal Internacional para la antigua Yusgoslavia.

Ante esta realidad, y teniendo en cuenta la grave crisis que sufre Europa, sería conveniente la disolución del TPIY, repartiendo la financiación europea a este tribunal, que en conjunto asciende a más de 200 millones de euros anuales, entre las millones de familias europeas que se encuentran con todos sus miembros en el paro y al borde de la exclusión social.

Miguel Gómez